La empresa de pagos transfronterizos Ripple, con sede en San Francisco, ha sido objeto de una nueva demanda colectiva archivado en el Distrito Norte de California. La demanda alega que la empresa, el director ejecutivo Brad Garlinghouse y su subsidiaria XRP II, LLC, violaron las leyes de valores federales y de California al vender XRP sin el registro adecuado.
La demanda sostiene que la venta de XRP por parte de Ripple, un activo digital que distribuye principalmente, violó las leyes de valores al no registrarlo en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Este incumplimiento se considera una violación de las regulaciones de valores tanto federales como estatales.
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La demanda pretende representar a dos grupos específicos.
Clase de reclamaciones de valores federales: Este grupo incluye personas y entidades que compraron XRP entre el 3 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2023 y aún conservan el activo o lo vendieron con pérdidas.
Clase de reclamaciones de valores del estado de California: Las personas en California que cumplen con los mismos criterios que la clase federal y compraron XRP dentro del plazo especificado ingresan en esta categoría.
Ripple y sus coacusados han negado rotundamente haber accionado mal. Argumentan que XRP no califica como un valor según las leyes actuales y, por lo tanto, no necesita registro. Este desacuerdo prepara el escenario para una batalla legal potencialmente larga con implicaciones significativas tanto para Ripple como para el sector de las criptomonedas en general.
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– TimesTabloid (@TimesTabloid1) 15 de julio de 2023
Opciones para inversores afectados
Los inversores que pertenecen a las clases definidas en la demanda se enfrentan a decisiones cruciales. Tienen hasta el 5 de abril de 2024 para optar por no participar en la demanda colectiva. Optar por no participar les permite emprender acciones legales independientes contra Ripple, lo que potencialmente les otorga un mayor control sobre su estrategia legal y sus posibles resultados.
Las disputas legales que rodean a XRP se extienden más allá de las luchas de las empresas individuales. Desempeñan un papel en la configuración de los debates en curso y los marcos regulatorios relacionados con la clasificación y regulación de activos digitales. La resolución de este caso y otros similares podrían tener efectos de gran alcance en toda la industria de las criptomonedas.
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